Encontrar dinero para la salud pública, la recuperación económica ecológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Katie Tobin, John Garrett y Chilufya Chileshe analizan cómo abordar los impactos económicos y de salud de COVID-19, mientras que avanzar hacia la justicia climática requiere una transformación completa del sistema financiero actual y de la economía global.
La pandemia de coronavirus pone de relieve la profunda fragilidad e insostenibilidad del mundo actual. Expone la insuficiencia crónica de inversiones en salud y bienestar humanos, y las consecuencias de una explotación incesante de la biodiversidad y del medio ambiente natural.
A pesar del compromiso de 193 gobiernos al adoptar la histórica Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la COVID-19 y la crisis climática acelerada amenazan con socavar los avances logrados y aumentar los niveles de pobreza mundial por primera vez en décadas. El liderazgo mundial —gubernamental y corporativo— se ha considerado seriamente deficiente.
Hacia un orden mundial más justo, equitativo y sostenible
Al menos la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud esenciales. Tres mil millones de personas carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos, más de mil millones de personas viven en condiciones densas y barrios marginales y, por lo tanto, no pueden practicar distanciamiento físico, y 40 % de los centros de salud de todo el mundo carecen de higiene de las manos en los puntos de atención (Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo 2019).
El virus y los confinamientos resultantes amenazan los medios de subsistencia de 1.600 millones de trabajadores, y hace unos meses 11,000 científicos declararon clara e inequívocamente que el planeta enfrenta una emergencia climática. Estas crisis sociales, económicas y ambientales combinadas demuestran la necesidad de avanzar realmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e inspirar nuevas acciones colectivas hacia un orden mundial más justo, equitativo y sostenible.
El centro de esta agenda es el financiamiento. Sin embargo, incluso antes de los cierres ampliamente instaurados y de la consiguiente recesión económica, el financiamiento para alcanzar los ODS, lamentablemente, era insuficiente.
La investigación de WaterAid sobre el financiamiento del acceso universal al agua potable, el saneamiento y la higiene en Nigeria, Etiopía y Pakistán (objetivos 1 y 2 del ODS 6) indica deficiencias varias veces superiores a los niveles actuales de financiamiento.
Otros estudios muestran que esto es común en otros ODS, y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas identifica un déficit de financiamiento anual de 400 mil millones de dólares para alcanzar los ODS en los países en vías de desarrollo de bajos ingresos (LIDC, por sus siglas en inglés).
Ningún país o persona puede resolver estos problemas de forma aislada. Los esfuerzos nacionales de los LIDC para movilizar mayores recursos nacionales a fin de hacer frente a la pandemia e invertir en los ODS deben estar respaldados por una respuesta global, coordinada e integral que supere con creces el apoyo proporcionado hasta la fecha.
Un estímulo centrado en las personas creado sobre bases sostenibles
La semana pasada, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó un marco centrado en mitigar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante un “paquete de estímulo coordinado, innovador y centrado en las personas, que alcanza puntos porcentuales de dos dígitos del producto interno bruto mundial”.
Esto es muy positivo, pero sobre todo debe crearse sobre bases equitativas, asequibles y sostenibles, en lugar de una nueva deuda enorme y la subsiguiente austeridad que siguió a la crisis financiera de 2008.
El financiamiento de este estímulo mundial sin precedentes requiere un conjunto amplio de reformas fundamentales —defendidas desde hace mucho tiempo por la sociedad civil y los movimientos en pro de la justicia económica— que comprenda condonación de la deuda, impuestos, ayuda internacional, reservas y subsidios.
Esta transformación estructural debe establecerse urgentemente como parte de la respuesta inmediata a la COVID-19, así como reorientaciones permanentes y salvaguardias de los sistemas económicos y financieros internacionales.
La condonación de la deuda del FMI, el Banco Mundial y el G20 son un comienzo positivo, ya que proporcionan un espacio fiscal temporal, incluido el gasto público que no tiene prioridad frente a los compromisos decisivos del servicio de la deuda.
Pero como han defendido Jubilee Debt Campaign, Oxfam, Christian Aid y otros, la cancelación incondicional generalizada de la deuda pública y privada es lo que realmente se necesita, supervisado por un mecanismo independiente de reestructuración de la deuda soberana bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Las necesidades de servicio de la deuda externa de Zambia por 1,500 millones de dólares en 2020 —ahora solo se han mitigado parcialmente— se comparan con presupuestos para salud de 215 millones de dólares y para agua, saneamiento e higiene de 91 millones de dólares (2019).
Orientación fiscal, inversión extranjera directa y combustibles fósiles
La cancelación de la deuda es solo un ejemplo de la transformación necesaria en las relaciones financieras entre los países de altos ingresos y los LIDC para que los gobiernos puedan abordar la COVID-19, orientar eficazmente los bienes y servicios públicos, ejercer los derechos humanos (incluido el derecho al desarrollo) para todos, especialmente los más pobres y vulnerables, y lograr los ODS.
Las estructuras tributarias mundiales también requieren una amplia revisión. Los líderes de la iglesia en el Reino Unido recientemente destacaron cómo 8 billones de dólares se sitúan en paraísos fiscales extraterritoriales, mientras que los países en vías de desarrollo están privados de hasta 400 mil millones de dólares al año en elusión y evasión de impuestos.
En el mismo sentido, el FMI ha revelado anteriormente que casi 40 % de la inversión extranjera directa es completamente artificial: consiste en inversiones financieras que pasan a través de empresas fantasma sin actividad real. Poner fin a estas prácticas y garantizar la supervisión democrática de los beneficios corporativos es crucial para asegurar que los gobiernos —y sus habitantes— se beneficien de los ingresos obtenidos en sus países.
Además, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles y la aplicación de impuestos sobre el carbono pueden poner fin a los incentivos que profundizan la emergencia climática y liberar nuevos fondos para el desarrollo sostenible. Como ha reconocido recientemente el FMI, esto es especialmente crucial para frenar la ola inmediata de COVID-19 y hacer más ecológica la recuperación económica. La organización haría bien en que la elaboración de informes sobre estas cuestiones sea una parte esencial y obligatoria de su supervisión con arreglo al artículo IV.
Movilizar el pleno poder del FMI
Si bien el FMI ha adoptado algunas medidas para liberar liquidez para gastos de salud y de estímulos para hacer frente a COVID-19, el Secretario General de las Naciones Unidas, la UNCTAD y otros han pedido una nueva asignación de derechos especiales de giro para reforzar las reservas de divisas de los países en vías de desarrollo, estimular las economías y liberar fondos para gastos en salud y servicios públicos.
Movilizar todo el poder financiero del FMI en apoyo de sus países miembros —en una iniciativa que es asequible para los LIDC— sería una repetición positiva de las medidas adoptadas en 2009. Esto también representaría un retorno a la visión inicial de las instituciones de Bretton Woods después de la guerra como instrumentos de respuesta multilateral a las crisis y el subdesarrollo.
Paralelamente, es necesario cumplir ampliamente con los compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), logrando y superando el objetivo de larga data de 0.7 % del INB. Algunos países han cumplido con este compromiso: ahora es el momento de que otros países de altos ingresos se unan a ellos, superando ese 0.7 % en una “carrera por la cima”.
La pandemia por COVID-19 ha expuesto la fragilidad de incluso los países y empresas más poderosos: como señala el exprimer ministro británico, Gordon Brown, en el mundo interconectado de hoy solo son tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena.
Pero el impacto en las economías de los países donantes no debe utilizarse como excusa para eludir la responsabilidad global o apartarse del multilateralismo, como la crisis climática, la pandemia ilustra que, incluso cuando los efectos inmediatos están localizados, las implicaciones son globales. La UE y otros países han puesto en marcha una importante iniciativa de promesas de apoyo a la respuesta de la OMS a la pandemia por COVID.
Sin embargo, solo puede ser un primer paso: los 7,400 millones de euros, al igual que los 2,000 millones de dólares solicitados por el Programa Mundial de Alimentos para hacer frente a los graves efectos del hambre, contrastan con los billones de dólares que las economías de la OCDE encuentran para los planes nacionales de rescate.
Solo una importante afluencia de fondos, supervisada mediante los principios de transparencia y rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil, puede permitir la acción política concertada y el fortalecimiento del sistema necesarios para poner fin a la pandemia, aplicar el Acuerdo de París sobre el clima y lograr la promesa universal de los ODS.
El financiamiento privada tiene un papel clave, pero en la actualidad las decisiones de inversión y préstamo no están suficientemente alineadas con las normas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), y la asequibilidad de los LIDC sigue siendo una de las principales preocupaciones. Hace más de un año, solicitamos un nuevo objetivo de finanzas públicas para los países de ingresos altos, a fin de garantizar que sus compromisos de financiamiento para el clima fueran realmente adicionales a las promesas de ayuda de hace 50 años.
Necesitamos una transformación del sistema financiero y de la economía mundial
Este plan mundial de renovación y sostenibilidad es más apremiante que nunca para permitir a los gobiernos financiar sus prioridades de desarrollo y alcanzar sus acuerdos de desarrollo sostenible, incluido el acceso universal al agua, el saneamiento y la higiene y la transición a una economía mundial sin emisiones de carbono.
Los científicos estiman que tenemos diez años para restaurar el mundo a un camino sostenible y evitar los efectos compuestos y catastróficos del cambio climático. Hacer frente a los efectos sanitarios y económicos de la COVID-19, mientras que avanzar hacia la justicia climática requerirá cuando menos una transformación completa del sistema financiero actual y de la economía mundial.
Hace casi 80 años, durante la Segunda Guerra Mundial, el economista británico William Beveridge proporcionó la base intelectual del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que ahora constituye la columna vertebral de la respuesta del país a la pandemia. Al presentar su informe fundamental, dijo que “un momento revolucionario en la historia del mundo es aquel para revoluciones, no para enmiendas”. Haríamos bien en prestar atención a sus palabras hoy.
Katie Tobin es coordinadora de incidencia política en WaterAid UK en Nueva York, John Garrett; asesor superior de políticas para finanzas en WaterAid UK, y Chilufya Chileshe; gerente regional de incidencia política para África Meridional.
Este blog fue publicado originalmente por la agencia de noticias Inter Press Service.
